Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos debido al derrumbe de su local en Santo Domingo que causó la muerte de 236 personas.

Más de dos meses después de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set de Santo Domingo en la que el tejado del recinto se desplomó provocando la muerte de 236 personas, ambos dueños, Antonio Espaillat y su hermana Maribel, han sido arrestados por las autoridades y han sido acusados de homicidio involuntario por parte de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público de República Dominicana.

De acuerdo con la acusación penal divulgada el pasado fin de semana, eran las 2:23 p.m. de un lunes cuando se habían vendido 379 entradas para un espectáculo en la discoteca Jet Set. Fue durante este período de tiempo en el que Gregorio Adames, encargado de reservas del club se dio cuenta de que varios paneles se habían desprendido del techo del local. “Don, hay un tema importante que hay que revisar en la discoteca”, había escrito Adames a su jefe Antonio Espaillat por WhatsApp.

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A pesar de las advertencias, el evento se realizó y a las 12:44 de la mañana del 8 de abril, el techo del local se derrumbó dejando más de 200 muertos y unos 180 heridos. Según la acusación, los hermanos eran conscientes desde hace años del estado en el que se encontraban las estructuras de las instalaciones. La Procuraduría ha añadido que ambos “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia”.

Hasta ahora se habían presentado más de 60 denuncias y querellas en contra de los Espaillat, el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional por incumplimiento de sus responsabilidades de supervisión. “Existe una corresponsabilidad clarísima y nadie se está haciendo cargo de ellos”, comentó Félix Portes, abogado responsable de gran parte de estas denuncias.

Actualmente los propietarios se encuentran en prisión y los fiscales piden que Antonio Espaillat permanezca allí y que su hermana sea puesta bajo arresto domiciliario. Miguel Valerio, abogado de Espaillat, ha declarado que su cliente no representa un peligro de fuga y manifestó su desacuerdo con la prisión preventiva.

Ahora será trabajo de los jueces determinar la culpabilidad de los dueños los cuales se enfrentan entre tres meses a dos años de cárcel.

RollingStone/Español.